Plena Inclusión también cae en la "trampa" de la Ley Celaá
Como todos sabéis, Plena Inclusión es una de las entidades que más ha promovido en los últimos años el Plan de Transformación del sistema educativo, impulsando la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios, con el lema “ la educación o es inclusiva o no es educación”.
En un comunicado realizado el pasado 6 de mayo, Plena Inclusión reclamaba al Gobierno los recursos y apoyos necesarios para garantizar una auténtica educación inclusiva del alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo:
“Si la nueva ley de educación no va acompañada de los recursos imprescindibles (económicos, formativos y de apoyos en los centros), la norma se convertirá en papel mojado. Por ello, Plena Inclusión insiste en demandar al Ministerio de Educación y a las comunidades autónomas que doten con partidas presupuestarias ajustadas a la realidad y a las necesidades esta nueva fase de implantación de la educación inclusiva” (Plena Inclusión 6 de mayo de 2020)
Este comunicado de Plena Inclusión se realizó tres días después de que la Plataforma “ Inclusiva SÍ, Especial TAMBIÉN» sacara a la luz la información que escondía la Memoria Económica del Proyecto de Ley de Educación:
“Por otro lado, el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios, por lo que no se prevé incremento de gasto”
Esta información extraída de la Memoria Económica indica claramente que:
- No se prevé incremento de gasto para los colegios ordinarios que atienden alumnado con necesidades educativas especiales.
- Cada centro de Educación Especial tendrá que desempeñar la función de centro de referencia de unos 60 colegios ordinarios, para lo cual tampoco se prevé incremento de gasto.
La sensación es que Plena Inclusión también ha caído en la “trampa” del Gobierno con la Ley de Educación, y las promesas se han desvanecido cuando ha llegado el momento de la verdad.
Ahora que se conoce que el Gobierno no prevé un incremento de gasto para alumnos con necesidades educativas especiales, ¿cuál será la nueva hoja de ruta de Plena Inclusión?
¿Puede asegurar Plena Inclusión a los colegios de Educación Especial a los que representa, que no está en peligro la sostenibilidad económica de los mismos, cuando se apruebe la disposición adicional cuarta de la Ley de Educación, y éstos tengan que actuar como centros de referencia y apoyo?